Servicios básicos
Se podría decir que las empresas prestadoras de servicios públicos, tienen una responsabilidad social aún más directa que el resto de las entidades privadas, ya que ellas trabajan con bienes básicos para la vida humana, como lo son la electricidad, las telecomunicaciones y por sobre todo el agua y los servicios sanitarios. Por un lado esta importancia de los servicios que presta justifica el mismo hecho de que sean reguladas por el gobierno, y que sus precios sean fijados, por otro lado también son fundamento de su mayor responsabilidad social, su deber de dar respuesta a los problemas sociales, y sobre todo el tener una relación más profunda y directa con sus clientes.
Las empresas pueden de muchas formas colaborar a la corrección de las asimetrías de la información, dotar de mayor información y transparencia a los procesos, no generar presiones al regulador, y así también puede colaborar y facilitar que los consumidores se vean fielmente representados.
La participación de los consumidores en la regulación de mercados de bienes básicos domiciliarios, y específicamente en el proceso de fijación tarifaria, es una incursión en esferas de deliberación pública, para la que resultan claves la formación de consumidores informados y responsables, capaces de tomar parte, democrática y colectivamente en dichos procesos.
Por otra parte es importante que los intereses directos o inmediatos de los consumidores estén representados en estos procesos, porque si bien el Estado, como ente regulador, protege el interés público y éste incluye el interés de los consumidores, el regulador debe construir una ecuación entre el interés de los usuarios por obtener tarifas bajas, el aseguramiento de prestaciones de calidad por parte de la empresa, la inversión en desarrollo y el incentivo de la rentabilidad de la actividad. De estas consideraciones deriva la conveniencia de que junto con el interés privado de las empresas, y el del regulador en el bien común, concurra el de los consumidores o usuarios.
Actualmente, en la totalidad de los países en que existe una regulación del mercado de los servicios básicos domiciliarios, ha nacido la necesidad de incorporar mecanismos de participación de los consumidores, y ésta se ha manifestado como una demanda desde la sociedad civil por una mayor transparencia en los actos de los reguladores y por la creación de instancias para incidir en las decisiones del regulador, en razón de sus propios intereses.